El Archivo General de Indias dedica el documento del mes de agosto al Consejo de Indias y, en particular, a sus ordenanzas. Esta institución, que asesoraba al monarca en la toma de decisiones y administraba las posesiones españolas en Ultramar.
Aunque inicialmente fue el Consejo Real de Castilla el que asumió estas cuestiones, pronto adquirieron tal relevancia que se formó una junta específica, hasta que en torno a 1523 o 1524 se formalizó un Consejo específico para las cuestiones relativas a las “Islas y Tierra Firme del Mar Océano”.
El “Real y Supremo Consejo de las Indias” fue la más alta institución de la administración española en América y Filipinas. Era un órgano corporativo, formado por varios consejeros, que asesoraba al monarca en todo lo relativo al Nuevo Mundo. Pronto desarrolló una activa labor política, legislativa, hacendística y judicial, aunque la necesidad de regular mejor su funcionamiento derivó en la recopilación de unas ordenanzas específicas, promulgadas en 1542.
Sus cuarenta capítulos detallaban sus competencias sobre los territorios ultramarinos y, en particular, su superior autoridad sobre las distintas autoridades creadas en los nuevos dominios hispánicos, singularizadas en las audiencias. Si los virreyes y gobernadores representaban al monarca en lo político y administrativo, supervisando la labor de los oficiales reales, las audiencias asumían competencias judiciales y las cajas reales la administración del erario. La iglesia y su labor evangelizadora también se vieron ligadas al Consejo de Indias, al ser éste el órgano que asumía el patronato regio en materia eclesiástica, concedido por la Santa Sede. Finalmente, aunque el tráfico marítimo entre el Viejo y el Nuevo Mundo fue gestionado por la Casa de la Contratación, y el Consulado de Cargadores a Indias funcionó como entidad autónoma para las gestiones de los mercaderes involucrados en el comercio transoceánico, ambas instituciones quedaron al amparo del Consejo de Indias.
Sus dependencias se instalaban allí donde residiese la corte, distinguiendo las labores gubernativas, a cargo de los consejeros y sus oficiales, de las hacendísticas y las judiciales. La Contaduría Mayor del Consejo de Indias supervisó los ingresos y gastos de la Corona, revisando la documentación remitida por las cajas reales, mientras que la sala de Justicia asumió las funciones de Tribunal Supremo para todas las audiencias americanas, la Casa de la Contratación y el Consulado de Cargadores a Indias.
Se mantuvo operativo a lo largo de tres siglos, aunque que las reformas administrativas del siglo XVIII le restaron atribuciones. Aún funcionaba a comienzos de la siguiente centuria, hasta que la supresión de instituciones del Antiguo Régimen sancionó su desaparición.
Su ingente fondo documental, repartido entre el Archivo General de Simancas y las dependencias de la corte, fue transferido a la antigua Casa Lonja de Mercaderes en 1785, dando origen al Archivo General de Indias.
