1567. Plano de la ciudad de la Habana.
La llegada de Colón a las costas americana a fines del s. XV no pretendía generar una estructura administrativa específica, puesto que su objetivo era llegar a Oriente por Occidente.
No obstante, a medida que los primeros expedicionarios van tomando conciencia de que el territorio es mayor de lo que creían, y que muy probablemente se trataba de otro continente, se hizo patente la necesidad de gestionarlo de la misma forma que los territorios de la Península.
En el Archivo General de Indias se conservan relatos, diarios, mapas, relaciones y descripciones geográficas en las que se va, poco a poco, identificando el territorio, sus frutos y sus gentes.
1681. Ordenanzas del Consejo de Indias.
La Corona tomó conciencia de la necesidad de gestionar esos territorios y de las posibilidades que le ofrecían. Por eso se crea la Casa de la Contratación en 1503, aunque su función estuvo más vinculada a la organización de la navegación que a la administrativa o económica.
En estos primeros años en los que aún no se sabía la magnitud del territorio ultramarino fue el Consejo Real de Castilla el que se hizo cargo de todo. Sin embargo, con la creación de la primeras Audiencias, como la de Santo Domingo en 1513, la gestión se convierte en necesidad y el Consejo de Castilla empieza a tramitar de forma separada los asuntos indianos hasta que, en 1524 se concede una planta y estructura orgánica específica al ya denominado Consejo de las Indias que, además, asume la función judicial como el resto de los consejos españoles.
Este va a ser el punto de partida de una institución que, durante tres siglos, gestionaría la economía, la justicia y la administración de un territorio inmenso y complejo hasta su desaparición en 1834.
Pero ¿cómo trabajaba el Consejo de Indias y cómo nos ha llegado su documentación?
De su etapa fundacional sabemos poco, por lo que nuestra fuente más fiable son sus Ordenanzas, que nos muestran los cambios que se fueron produciendo en él a lo largo del tiempo. De ellas podemos extraer que los consejeros se reunían varias veces en semana para tratar, cada uno de esos días, un determinado aspecto de la gestión que les competía.
El Consejo de Indias se dividió desde su inicio en tres Salas, que se encargaban de las tres principales funciones que tenía encomendadas:
1.- La Sala de Justicia, que funcionaba como Tribunal Supremo para todos los asuntos judiciales relativos a América. Es decir, era la última instancia a la que se podía apelar para cualquier pleito surgido en territorio americano.
2.-La Contaduría, a la que se enviaban todas las cuentas de los impuestos ingresados por la Hacienda Real en todo el territorio americano, y Filipinas, para que fueran revisadas y aprobadas, y así evitar fraudes.
3.- Y la denominada Sala de Gobierno, que era la encargada de la administración política de todo aquel inmenso territorio. En esta Sala se trataban temas de hacienda, guerra, marina, nombramientos tanto de cargos civiles, militares o eclesiasticos, construcción de obras públicas, emigración, etc.
Así pues, todo aquel trabajo que en la actualidad realizan el Tribunal Supremo, el Tribunal de Cuentas y más de 20 Ministerios para el territorio español, lo realizaba este Consejo, constituido básicamente por un presidente, 12 consejeros, dos secretarios, un fiscal y de uno a tres contadores y relatores judiciales, para todo el territorio ultramarino perteneciente a la Corona española.
Duplicado de carta n° 41 de Francisco [de la Cuesta], arzobispo de Manila,
gobernador de Filipinas, repitiendo la noticia de la sublevación
de los pueblos de Cagayán.
Específicamente, el funcionamiento de la Sala de Gobierno, en la que nos detendremos este mes, consistía en reunirse cada día para ver todos aquellos asuntos que le llegaban, teniendo en cuenta que cualquier persona podía escribir al Consejo, desde virreyes, gobernadores o arzobispos, hasta comerciantes, viudas, monjas de un convento, o un soldado raso, que quisiera informar o solicitar algo al Rey.
Testimonio de autos que acompaña la carta anterior.
Las cartas, memoriales y peticiones, que muchas veces venían acompañadas de testimonios u otros documentos como mapas o planos, eran distribuidas entre los oficiales de pluma, que empezaban a gestionar los asuntos. Por ejemplo, la carta n° 41 de Francisco de la Cuesta, arzobispo de Manila y gobernador de Filipinas en la que informa de la sublevación de los pueblos de Cagayán y su total pacificación, remite un testimonio de autos con un mapa del río Cagayán y provincia.
Mapa del Río y Provincia de Cagayán, que se remite con la carta.
Su tramitación fue muy estable y procedimentada durante sus tres siglos de vida: la carta se extracta, es decir se hace un breve resumen al dorso y se decide si va a ser tramitada o archivada. En el primer caso, se suele pedir al fiscal, que es el oficial más joven del Consejo pero que realiza una labor fundamental, que resuma antecedentes, presente jurisprudencia y emita un dictamen que permitirá tomar la decisión final.
1725. Carta de los oficiales reales de Panamá con tramitación al dorso.
Con todo ello, se realiza el que va a ser el documento identificativo de la labor de los consejos, la consulta, que es un resumen de todo el expediente, firmado por los consejeros, que se eleva al rey para que este tome la decisión final, que es anotada en la misma consulta.
Consulta proponiendo la terna para nombrar al obispo de Cuzco.
Tras dicha resolución, se emite la real cédula o real provisión, como documentos solemnes en los que se comunica al interesado la resolución al tema planteado.
Para cerrar el proceso, se copia dicha cédula o provisión en unos libros, llamados comúnmente Cedularios, que serán conservados por el Consejo en su propio archivo para preservar la memoria de la institución y, de paso, de los interesados.
Copia de registro de real cédula Audiencia de México para hagan justicia en las denuncias llevadas a cabo por los indios principales de la provincia de Tlaxcala contra Alonso de Nava, alcalde mayor.
Esto es lo que encontramos en la denominada Sección Gobierno del Archivo General de Indias que contiene, en su mayor parte, la documentación tramitada por esta Sala. Para organizar todos estos documentos que genera la institución, los secretarios del Consejo establecen una primera clasificación geográfica, cogiendo de referencia el territorio dependiente de las Audiencias creadas en el territorio ultramarino, organización que aún se conserva en el Archivo.
Así, dicha Sección Gobierno se divide en "Audiencias" (Santo Domingo, México, Guadalajara, Panamá, Guatemala, Lima, Cuzco, Caracas, Santa Fe, Charcas, Quito, Chile, Buenos Aires y Filipinas) y otra división denominada "Indiferente General" de la que hablaremos el próximo mes.
Dentro de esta clasificación geográfica se establecen series, como las de "cartas y expedientes" estructuradas según su remitente: de virreyes, gobernadores, Audiencias, cabildos seculares
(Ayuntamientos), obispos, cabildos eclesiásticos, etc.; de "libros de registro" o cedularios, a los que nos hemos referido antes; de "consultas", que se archivaban aparte por su importancia, ya que en ellas se resumía todo el expediente y aparecía la resolución real; u otras más específicas de "expedientes de confirmación de encomiendas", de "licencias de pasajeros a Indias", de "relaciones de méritos y servicios" ... Todas ellas reflejo de la gran labor administrativa que este Consejo asumió a lo largo de su existencia.
